Mapa de la Memoria

Entrevista a Luis Miguel Cuervo de Todos los nombres de Asturias en Asturias Opinion.

Durante casi ocho años decenas de voluntarios han asumido la responsabilidad de investigar, exhumar, identificar a cientos de hombres y mujeres que desaparecieron a causa de la dura represión franquista.Sobre ellos ha recaído el peso de construir algo que se pueda parecer a la justicia para muchas familias que, tras la muerte de Franco, habían tenido que convivir con el miedo y el abandono al que los pactos de la Transición los condenaron por pensar que sus derechos eran un obstáculo para la democracia.

Con la emergencia de un movimiento social que reclama justicia histórica, algunas instituciones llevaron a cabo tímidas políticas de memoria. Mientras las asociaciones reclamaban responsabilidad al Estado, la conocida como Ley de Memoria Histórica ha continuado delegándola en colectivos de voluntarios.

La resolución dictada por el juez Baltasar Garzón, para hallar en diversas instituciones información acerca de los desaparecidos, es un punto de inflexión. Por primera vez tras la dictadura franquista, una institución del Estado como es la Audiencia Nacional lleva a cabo trámites para averiguar quiénes eran los hombres y las mujeres detenidos y desaparecidos tras el golpe militar de 1936

El juez Garzón inicia un proceso del que la providencia que acaba de dictar ha de ser un peldaño. Una vez que tenga conocimiento de la dimensión de los hechos (decenas de miles de desaparecidos) tendrá que ordenar nuevas diligencias que deberían pasar por tomar declaración a las víctimas, a los testigos y llevar a cabo exhumaciones e identificaciones con carácter judicial.

La búsqueda de documentación, la toma de declaración a las víctimas o exhumación de fosas comunes serían elementos que perfectamente podrían constituir una Comisión de la Verdad, como las que en otros países se han llevado a cabo por democracias que han sucedido a
dictaduras.

Ojalá este proceso sirva para construir justicia para las personas que todavía viven y para las muchas que han muerto durante estos últimos años de democracia sin recibir la más mínima reparación por parte del Estado.

Emilio Silva

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Visto en Público.es

El presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, ha matizado hoy su habitual respeto a las decisiones y procesos judiciales para afirmar que no es “partidario de abrir las heridas del pasado” en relación a la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón , para elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados durante y después de la Guerra Civil. La revisión del pasado, ha continuado Rajoy, “no conduce a nada lo haga quien lo haga”.El líder del PP, en rueda de prensa tras la reunión en Génova del Comité Ejecutivo Nacional, ha sorteado otras preguntas sobre la investigación del juez de la Audiencia Nacional: “Nada que decir tengo sobre Garzón salvo lo dicho” en referencia a su primera declaración.

El eurodiputado Jaime Mayor Oreja, en una vuelta de tuerca a la postura del líder de su partido, ha calificado hoy de “disparate” la decisión del juez de la Audiencia Nacional. Mayor Oreja ha hecho estas declaraciones a los periodistas al ser preguntado por esta cuestión, tras asistir a la reunión del Comité Ejecutivo. Tras recordar que hace tiempo dijo que Ley de la Memoria Histórica aprobada por el Gobierno era una de las “más perniciosas”, ha añadido que le parece un “enorme error” porque es “echar piedras contra nuestro propio tejado”.

Discrepancias entre los jueces

Como es ya habitual no hay unanimidad entre los jueces, pero sí pronunciamiento ante la decisión de Garzón. El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Juan Pablo González ha asegurado hoy que entre las competencias de jueces como Baltasar Garzón no está el hacer “investigaciones históricas” o establecer censos de los fallecidos en la Guerra Civil. En línea con González, otro vocal del máximo órgano de los jueces, José Luis Requero ha calificado de “show judicial” la investigación abierta por Garzón.

También en la esfera judicial, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha considerado que la iniciativa del magistrado de la Audiencia Nacional “tiene poco futuro” desde el punto de vista jurídico y ha apuntado que que esta cuestión debería resolverse en “el propio ámbito político”. Según ha explicado el portavoz de la asociación, Miguel Angel Jimeno, para que el juez Garzón pudiera emprender acciones “tendría que ser porque hay expectativas de que haya algún delito que no haya prescrito y que tenga un autor que pueda presumirse que puede averiguarse quién es”.

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Las asociaciones acogen la decisión judicial con satisfacción y cautela .

Satisfacción por la decisión del juez, pero mezclada con cierta cautela. Las peticiones de información que el magistrado ha hecho al Gobierno, la Iglesia católica y ayuntamientos sobre los desaparecidos del franquismo llega en un momento muy temprano del procedimiento abierto en la Audiencia, cuando todavía no se han admitido a trámite las denuncias presentadas desde hace casi dos años. Responsables de tres de los colectivos que las impulsaron consideran una gran noticia que la justicia se interese por los desaparecidos después de la decepción que, para muchas de ellos, supuso la Ley de la Memoria, una norma que consideran insuficiente.

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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha recabado información del Gobierno, la Conferencia Episcopal, varios ayuntamientos y hasta de una universidad, la de Granada, para elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936, día del golpe de Estado que dio lugar a la Guerra Civil y, tres años después, a la dictadura de Franco. Garzón quiere conocer el nombre de las personas enterradas en fosas comunes como consecuencia de la represión franquista, las circunstancias y fecha en que se dieron esos enterramientos y si constan en algún registro.

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Desaparecidos. Fosas comunes. Torturas. Fusilados. Las palabras evocan el Chile de Pinochet, la Argentina de Videla. Duele reflejarse en ellas. Cuesta pensar en España como un país que esconde en las cunetas de sus carreteras los huesos de 30.000 desaparecidos, tal vez más.

La paja en el ojo ajeno. Desde que el Tribunal Constitucional determinó en el 2005 que los tribunales españoles pueden juzgar casos de genocidio y crímenes contra la humanidad, España se ha convertido en la corte internacional más diligente en la defensa de los derechos humanos. La Audiencia Nacional investiga los abusos de las tiranías en China, Guatemala, Ruanda, Argentina o Chile. Cuanto más lejos, más grande es el milagro. La Audiencia Nacional se atreve con todo, menos con los crímenes de los llamados “nacionales”. Asusta más un Franco muerto que un Pinochet vivo.

Un aplauso para Baltasar Garzón, pues ya era hora. Aunque el paso dado llegue tan tarde y sea aún tan escaso. De momento, el juez se limitará a elaborar el censo pendiente del genocidio, desde el golpe de estado hasta la muerte del dictador. Sólo será la dolorosa lista de crímenes, no el castigo para los criminales. Tantos años después, y ni siquiera hemos limpiado esa mínima mugre. Tantos años después, y ni siquiera sabemos los nombres de las víctimas, de los desaparecidos.

Algunos dirán que para qué remover el pasado. Por qué no pasar página. El drama es que no hablamos de pasado, sino de presente. Los muertos aún están ahí, en las cunetas. Sus familias aún están ahí, en los juzgados. Tras treinta años de amnesia democrática, tras tres décadas de su sacrosanta transición (sin pecado concebida), la memoria se pudre. Como se pudre la sociedad que permite que una viuda no pueda enterrar a su marido.

La Memoria podrida.